Saturday, June 6, 2009

El Diario el Correo Apologia a la Violencia contra los grupos etnicos





La orden vino de arriba
Por Cesar Hildelbrant



Ahora estarán frotándose las manos los que pedían sangre y fuego y restablecimiento del orden.
Para los pobres –incluidos los policías usados como carne de cañón- el “restablecimiento del orden” consiste en plomo a discreción y muerte difusa. En el Congreso también debiera haber algunos arrepentimientos.El de Velásquez Quesquén, por ejemplo, operador rastrero de los designios presidenciales dirigidos a imponer los decretos de urgencia que la Defensoría del Pueblo ya había considerado inconstitucionales.

¿Qué interés puede estar tan por encima del diálogo y la paz? El interés de lo que John Dos Passos llamó “The big money”, título de su inmortal novela sobre ese capitalismo que todo lo devora.

¿Y por qué no funcionó la llamada Mesa de Diálogo presidida por el muy incompetente Yehude Simon?

Porque hubo mala fe de ambas partes. Tanto de Simon, encerrado en la loseta que García le ha puesto como destino y escenario, como de Alberto Pizango, ese misterio pétreo que no sabe de matices sino de victorias maximalistas.Los irresponsables congresistas nacionalistas, que prefirieron un desayuno lento antes que estar a tiempo a la hora del debate, también han puesto su cuota.Y el Apra, convertida en maquinaria presidencial y despojada de toda entidad partidaria, ha hecho lo suyo.

Al momento de escribir estas líneas ignoro, como todo el Perú, cuántos civiles han sido asesinados por las fuerzas del orden y cuántos cadáveres han sido ocultados o quemados al amparo del toque de queda.

Lo que sí sé es que once policías han caído cumpliendo la orden de despejar una carretera tomada hace demasiados días.

Y a mí que no me vengan con que hay muertes desdeñables ni cadáveres de segunda clase. Esos once policías son funcionarios públicos que han sido asesinados. Y lo lamento y esas muertes me duelen.

Pero el paro de la selva, desatendido por el gobierno, era y es un paro político. Y en la selva los llamados “indígenas” –los que estuvieron antes que nosotros, cuando el Perú era una inmensa arboleda y algunos puñados de cazadores- están hartos de Lima, del gobierno, del Estado, de la autoridad.

Nada justifica el asesinato de los policías. Pero nada atenúa la responsabilidad de Alan García de haber dado la orden de “limpiar el puente y la carretera” justo 24 horas después de que el Congreso, sometido a sus órdenes, se burlara de la selva postergando el debate del decreto de urgencia 1090.

Quiso el Congreso, en provocación extrema, que el decreto 1090, ya señalado como inconstitucional por la propia Comisión de Constitución, no fuese derogado, como correspondía, sino derivado a la agenda de la Mesa del Diálogo. Y la Mesa del Diálogo había dejado de existir. De modo que esa burla se convirtió en furia amazónica, en clamor exacerbado y en grito de guerra.

Yehude Simon, a pesar de su aciago papel, no puede cargar con todas las culpas. El responsable de esta tragedia se llama Alan García.

Es el mismo Alan García fuera de sí que alguna vez ordenó la matanza de los penales. El mismo Alan García que traicionó en paquete sus promesas electorales y gobernó sentándose a la diestra de Lourdes Flores.

Pedir la renuncia de Yehude Simon es fácil. Responsabilizar únicamente a Mercedes Cabanillas es un gesto insuficiente y radicalmente injusto.

Quien exigió que la autoridad se impusiese acribillando a quien fuera necesario es Alan García. Y la primicia la dio el diario “Correo” hace unos días. En efecto, en su sección de datos breves “Correo”, informado sin duda desde Palacio, festejó el hecho de que, en una sesión de gabinete, la ministra Cabanillas fuera amonestada “casi a gritos” por su “debilidad” en el caso del paro selvático.

Muy bien. Lo que se llamaba, desde la impaciencia presidencial, “debilidad” era prudencia y humanidad. Lo que García ha vuelto a imponer es su estilo. Su ensangrentado estilo.
La ministra Cabanillas debería renunciar. Yehude Simon debería apartarse. García tendría que quedarse con sus incondicionales.

Azuzar a la población es irresponsable y, en el fondo, criminal. Si la oposición existiese de un modo menos inorgánico, tendría que apostar por la derogatoria inmediata de los decretos venales de García, la restauración del diálogo y la demanda del enjuiciamiento de todos –repito: de todos- los culpables.

En la historia de la injusticia peruana, ¿a cuántos lutos nos someteremos antes de admitir que cuando el orden significa matanza y desvarío es que el orden no vale la pena? ¿No ha escuchado García la frase aquella de que la nobleza consiste en tener la fuerza para no tener que emplearla?

Alto al genocidio en la Amazonía Peruana


Alto al genocidio en la Amazonía Peruana
Por: Carlos Bernales


Centenares de indígenas amazónicos heridos, y decenas de muertos entre los cuales 22 efectivos de la policía, es el saldo del nuevo genocidio dictaminado por el presidente del Perú, Alan García Perez y su régimen dominado por la corrupción y la cleptocracia. Esto es resultado de una política que lejos de satisfacer la demanda de progreso y respeto por la vida y la naturaleza, se ensaña contra las poblaciones nativas que el estado peruano siempre tuvo marginadas a las que hoy pretende arrebatar su derecho al habitat propio.

El gobierno de los Estados Unidos, que hoy preside el señor Barack Obama, no puede ser indiferente a estos hechos, toda vez que en la base de este nuevo terrorismo de estado se encuentran exigencias mandatorias del Tratado de Libre Comercio entre Perú y los Estados Unidos. Debe entenderse que ha sido para complacer la voracidad de grandes corporaciones internacionales ansiosas de apoderarse de los recursos naturales de esa zona, especialmente rica en fuentes de energía, que el gobierno de García promulgó un decreto (1090), que prácticamente pone en subasta territorios habitados desde siglos por diferentes etnias que por tradición, ley y convenios internacionales les pertenece y en los que el estado peruano no puede entrometerce como no lo puede hacer, ni hace, contra alguna propiedad privada de cualquier empresa multinacional.

Varias semanas en huelgas regionales demandando un diálogo que permita a los indígenas exponer sus razones, han sido tomadas con indiferencia por el gobierno que a fin de evitar cualquier compromiso ha puesto condiciones inaceptables, provocando la reacción que ha llevado a un cruento enfrentamiento de poblaciones desarmadas, contra un ejército policial armado hasta los dientes dispuesto a asesinar, haciendo uso de helicópteros y francotiradores disparando contra muchedumbres concentradas, entre las que había familias enteras incluyendo madres e hijos menores, produciéndose el baño de sangre que las sociedades civilizadas del mundo entero no deben dejar de condenar.

Lejos de sacar conclusiones de los hechos de sangre producidos se siguen llevando a cabo detenciones abusivas e ilegales, desapariciones, secuestros y cadáveres arrojados a los ríos para cubrir evidencias criminales. La persecución contra el dirigente amazónico Alberto Pizango, y las amenazas que hoy se enfila contra toda oposición no hace sino desnudar la naturaleza de un dirigente déspota y autoritario como A. García, que arrastra en su pasado numerosos actos criminales de lesa humanidad que, los juristas que hace poco condenaron al ex-dictador Alberto Fujimori, están listos para enjuiciar.

Es de desear que los crímenes de García y el APRA en contra de los seres humanos de la Amazonía, marque el principio del fin de su régimen; por lo pronto, las expresiones de condena levantadas por todo el Perú y que se extiende por todos los países del mundo, se une en torno a la solidaridad con los indígenas victimados, exigiendo la inmediata liberación de los detenidos y el alto a la persecución contra los dirigentes nativos.

Carlos Bernales (CABE)
New York, New York

Indigenous Uprising








Peru's President Cornered by Indigenous Uprising
By: Gerardo Rénique



On June 6, near a stretch of highway known as the Devil's Curve in the northern Peruvian Amazon, police began firing live rounds into a multitude of indigenous protestors -- many wearing feathered crowns and carrying spears. In the neighboring towns of Bagua Grande, Bagua Chica and Utcubamba, shots also came from police snipers on rooftops, and from a helicopter that hovered above the mass of people. Both natives and mestizos took to the streets protesting the bloody repression. From his office in Bagua a representative for the international organization “Save the Children” reported that children as young as four years-old were wounded by indiscriminate police shooting. President Alan García had hinted the government would respond forcefully to "restore order" in the insurgent Amazonian provinces, where he had declared a state of siege on May 9 suspending most constitutional liberties. The repression was swift and fierce.

By the end of the day a number of government and the president’s party APRA offices were destroyed, 9 policemen and approximately 40 protesters were killed. Overwhelmed by the number of the wounded small local hospitals were forced to close their doors. A doctor in Bagua Grande described the repression as a “barbarian act” similar to those committed in Beirut by the Israeli occupying forces a few years ago. A Church official denounced that many of the civilian wounded and killed at the Devil’s Curve were forcefully taken to the military barracks of El Milagro. From Bagua, a local journalist declared to Ideele Radio that following the killings policemen dumped bagged bodies in the Utcubamba River. Indigenous leaders have accused García of "genocide" and have called for an international campaign of solidarity with their struggle. Indigenous unrest in the Peruvian Amazon began late last year. After an ebb of a few months, the uprising regained force again on April 9. Since then, Amazonian indigenous groups have sustained intensifying protests for more than two months, including shutdowns of oil and gas pumping stations as well as blockades of road and river traffic.

The Devil's Curve massacre is not the only instance of repression. García recently sent in the Navy to violently break through indigenous blockades on the Napo River, also in northern Peru. But few expected such a violent reaction from the government. García says the response was appropriate and blamed the indigenous for thinking they could decide what happens in their territories: "These people don't have crowns. They aren't first-class citizens who can say… 'You [the government] don't have the right to be here.' No way." The president called the protestors "pseudo-indigenous."

Indigenous representative Alberto Pizango called Devil's Curve the "worst slaughter of our people in 20 years." And added, "Our protest has been peaceful.” We're 5,000 natives [in the blockade] that just want respect for our territory and the environment."

Protestor's top demand is the repeal of a series of decrees, known collectively as the "Law of the Jungle," signed by García last year. The President decreed the legislative package using extraordinary powers granted to him by Peru’s Congress to enact legislation required by the 2006 U.S.-Peru Free Trade Agreement. Indigenous groups are also demanding the creation of a permanent commission with indigenous representation to discuss solutions to their territorial, developmental, health and educational problems.

One of the most controversial aspects of the decrees is that they allow private interests to buy up indigenous lands and resources. Following a colonial logic of "progress," García's decrees foster the commodification of indigenous territories, ecological reserves, communal and public lands, water, and biogenetic resources to the benefit of powerful transnational interests. What's more, the “Law of the Jungle” implicitly conceives of indigenous Amazonia as an open, empty, bountiful, and underdeveloped frontier and its inhabitants as obstacles to neoliberal modernization and investment schemes.


History of Plunder and Resistance

Neoliberal elites are apparently oblivious to indigenous historical agency and political activism in Peru, where there is a long-standing trajectory of Amazonian insurgency. Since the eighteenth century, indigenous groups in the rainforest have successfully rolled back the incursions of colonial missionaries, rubber barons, gold miners, lumber contractors, Sendero Luminoso guerrillas and others whose expansion represented a direct and serious threat to their cultural autonomy and territorial integrity.

García and his predecessors have tried to give transnational companies – logging, oil, mining, and pharmaceutical etc. – unfettered access to the Amazon's riches. The potential plunder not only poses a threat to the very existence of indigenous peoples, but also presents a serious danger to the region’s diverse and fragile ecosystems.

Protests have occurred in the past, but this time is different: The scope of the ongoing mobilizations, which cover almost the totality of Peru’s Amazonian territories, is historically unprecedented, as is the government's violent reaction. Coordinating the mobilization effort is the Inter-Ethnic Development Association of the Peruvian Amazon (Aidesep), an umbrella group of indigenous organizations. Established almost three decades ago through the incorporation of more than 80 federations and regional organizations, Aidesep’s reach and strength rests on its 1,350 affiliated communities representing 65 different Amazonian peoples.

Under mounting pressure from the protests, the government finally agreed to a closed-door meeting held the morning of May 27 in Lima with indigenous representatives. (Aidesep had demanded such a meeting for years.) Prime Minister Yehude Simon – himself a former leftist and political prisoner – and Aidesep representative Alberto Pizango held a brief press conference after the sitdown announcing the start of formal negotiations.

Following weeks of a racist and dirty government campaign against indigenous leaders, a subdued Simon acknowledged both the García administration’s “bad communications” and – more importantly – “the lack of a state policy towards Amazon communities for over a century.” He also emphasized government willingness to revise and modify the Garcia’s decrees.

Meanwhile, a defiant Pizango maintained that Aidesep's campaign of civil disobedience would only be lifted with the total repeal of García's “Law of the Jungle.” Pizango also announced a platform of issues that indigenous representatives planned to bring to the table, including points on indigenous territorial rights, self-determination, health and education, development, and cultural integrity.

Failed Talks, Failed Government

The last time the government agreed to negotiations in August 2008 – again, under pressure from an indigenous uprising – the talks collapsed due to government unwillingness to engage indigenous representatives in a respectful and honest manner. Aidesep withdrew from the talks when the government tried to undermine the group's position by inviting (unannounced) groups of indigenous leaders and academics aligned both with the government's discredited Development Institute for Andean, Indigenous, Amazonian and Afro-Peruvian Peoples (INDEPA), and the Confederation of Amazonian Nationalities (CONAPA) made by a small number of opportunistic Indigenous leaders.

Using INDEPA and CONAPA the government has initiated "cooperation agreements" between friendly indigenous communities and foreign oil and gas companies. Outraged by their presence at the negotiating table Aidesep denounced the move as a “smoke screen” covering up the government’s spurious collusion with the gas and oil industries.

Meanwhile, Aidesep kept open negotiations with members of Congress, where its demands received support from the left-of-center opposition and even some members of García's ruling party. When the parties established formal negotiations (Mesa de Diálogo), both vowing to take steps toward finding a solution to indigenous demands, Aidesep honored the compromise and halted protests on August 20, ending the 11-day uprising. With growing popular sympathy with indigenous demands and support from the political opposition in late September, congress passed a law that canceled two of the most odious presidential decrees that sought to diminish indigenous territorial rights and political autonomy.

Aidesep's direct action campaign marked the emergence of Amazonian indigenous peoples as an influential and autonomous force in Peru's current political landscape. The mobilization also sparked a public realization that the defense of Amazonian resources is an issue of national importance and not only a regional or indigenous problem. The indigenous uprising has also increased public awareness of the predatory nature of free trade, the prevalence of public good over private interests, and the meaning and importance of citizen participation in the formulation of a sustainable and democratic future. All of this constitutes a healthy questioning of the toxic neoliberal paradigm based on the commodification of life and resources as the only possible alternative to "progress" and "modernization."

In October 2008, video recordings surfaced of conversations between high-ranking officials from the García administration and a lobbyist for transnational gas and oil companies. The recordings show the men negotiating the fraudulent concession of oil rights in natural reserves and indigenous territories. The video not only starkly revealed he real intentions behind the “Law of the Jungle” and Peru's handful of recently negotiated free trade agreements, but also further boosted Aidesep's legitimacy and the moral authority of its struggle. The scandal also helped catalyze the current Amazonian insurgency, coalescing an emerging popular and autonomous anti-systemic bloc and further diminished García's popularity, which has hovered at an abysmal 30 percent in the city of Lima alone.

Amazon 'Insurgency' Declared

By late March, triggered by renewed incursions into their territories, abusive labor conditions in the gas and oil industry, the high levels of contamination and government reluctance to address their demands, indigenous peoples in various Amazonian localities staged a number of marches, demonstrations, blockades, and hunger strikes. Incensed by the government’s repressive response to their demands and its threat to declare a state of emergency in the most combative Amazonian provinces, Aidesep renewed mobilizations, blocking ground and river traffic, and occupying hydrocarbon installations.

In an April 9 declaration, Aidesep demanded that Congress rescind the “Law of the Jungle,” establish a Mesa de Dialogo, and the creation of new branches of government charged with implementing “intercultural” solutions to indigenous health and education problems. The document also calls for the recognition of indigenous collective property rights, guarantees for special territorial reserves of communities in voluntary isolation, and the suspension of land concessions to oil, gas, mining, lumber, and tourism industries. Indigenous organizations are also demanding a new constitution that incorporates the United Nation's Declaration on the rights of Indigenous Peoples and the International Labor Organization's Convention 169, both of which grant indigenous rights to territorial and cultural autonomy. Finally, the April declaration also calls for the suspension of the government's free trade agreements with he United States, the European Union, Chile, and China, which violate indigenous territorial rights and Amazonian biodiversity.

As indigenous groups escalated their direct action campaign, the government declared a state of siege on May 9 in four of the most militant provinces of Amazonia. Despite the crackdown, Aidesep has gained sympathy and solidarity from broad sectors of Peruvian society. Unions, popular organizations, and highland peasant and indigenous groups have staged "Civic Strikes" and other protest actions. Elected municipal and regional authorities across the country have also expressed their support. While Catholic bishops across the Amazon region have called on the faithful to support indigenous demands, stating the "rich cultural and biological diversity" of the region represents a “source of life and hope for humanity."

On May 27, Peru was rocked by a national day of protest called by the country's largest trade union federation and other social movement umbrella groups. Thousands took to the street protesting García’s neoliberal policies and to express their solidarity with Aidesep struggle. In Lima a massive march arrived to the steps of Congress, demanding that the Law of the Jungle be declared unconstitutional. Meanwhile, the just-concluded Fourth Continental Indigenous People's Summit of Abya-Yala, which was held in southern Peru, called for an international day of action in solidarity with the Amazonian uprising. The Communitarian Front in Defense of Life and Sovereignty established by AIDESEP together with labor, Andean indigenous, campesino and popular organizations have called for a day of protest and mobilization on June 11.

The Law of the Jungle

A report from the government's Ombudsman Office not only declared the unconstitutionality of García's decrees, but also noted the legitimacy of indigenous people's campaign of civil disobedience. In Congress, the Constitutional Committee declared two of the presidential decrees unconstitutional. But under pressure from the executive, García's APRA party, with support from followers of jailed former President Fujimori and other rightwing political parties, has blocked discussion of the Constitutional Committee’s resolution. Some congressional deputies simply vow to abstain from voting, while others have been forced by their constituents to side with the opposition in declaring the Law of the Jungle unconstitutional.

By the time June came around, the situation deteriorated. Aidesep walked away from the incipient talks with the government, citing the executive's refusal to acknowledge broadening public rejection of the decrees. The government responded with increased repression that culminated – so far – with the Devil's Curve massacre. García also lashed out against Radio de la Selva, an Amazonian radio station that has been critical of the government. The attorney general is considering charging the station with inciting public unrest. When the military violently broke up the river blockade on the Napo, spontaneous protests erupted against the Navy.

La Lucha Continua

The declaration of martial law in the provinces of Bagua and Utcubamba, were the bloodiest repression took place, and the trumped-up charges of rioting have forced many of AIDESEP leaders underground. Repression however has not deterred the mobilization. In a newspaper posting a teacher from Bagua reported that many non-indigenous persons joined the protests on June 6 after the Army blocked the efforts of neighbors to help with medicine and water the wounded natives at the Devil’s Curve. Later in the day the indiscriminate shooting that provoked the death of children and passers-by further infuriated the population. Even before the violent June 6 repression labor and popular forces in many provinces and regions have declared strikes in solidarity with the Amazonian uprising. Driving on these expanding discontent a broad range of popular resistance and oppositional forces have coalesced around the Communitarian Front in Defense of Life and Sovereignty formed on June 4. The front has issue a call to mobilize in solidarity with the Amazonian peoples, and to repeal the “Law of the Jungle,” legislation criminalizing social protest, and Free Trade agreements. The clergy from the Catholic Church have rejected the repression and reiterated their support for indigenous demands. In a joint letter the Ombudsman Office and the clergy call the government to privilege peace and negotiation over repression and violence in the resolution of Amazonian demands. In a previous statement the priests expressed their discontent with the "attitude taken by the government, foreign and national businessmen and a large sector of the media" against "the just demands of Amazonian indigenous peoples." (These conservative sectors have ridiculously dismissed the protests as the work of presidents Hugo Chávez and Evo Morales.)

Although at the moment the outcome of this crisis are highly uncertain, the Earth Day killings however have certainly put and to the Garcia’s studied double speech. His evidently well-planned counterinsurgent operative have put to rest his conciliatory rhetoric of simulated negotiation revealing his naked slavishness to transnational interests. The repression and media fear mongering campaign are driven by the government’s will to open Peruvian Amazonia to the exclusive benefit of energy, hydrocarbon, agribusiness, lumber and mining corporations. One of the largest repositories of water, biodiversity, hydrocarbons and minerals in the planet the region stands as the last frontier to the rule of capital. Hence the strategic importance of Indigenous peoples participation in the formation of an antisystemic bloc of forces and the formulation of a democratic and post-capitalist programmatic alternative. From this perspective the political emergence of indigenous peoples also marks a turning point in the reconfiguration of the popular anti-systemic forces from its current weakness and dispersion deepened among other factor by leftwing loss of revolutionary will to think the future beyond electoral politics and capitalist markets. In the most immediate scenario however the next weeks will be crucial for the outcome of the crisis opened with the June 6 repression. International solidarity with the AIDESEP struggle will be central to deter the predatory advance of capital and the defense of Amazonia that –as pointed out by the Catholic clergy in Peru-- “is not of the exclusive concern of Peruvian citizens but of all humanity."

Gerardo Rénique
Department of History City College
Forthcoming NACLA – On Line News











Arde la Selva Peruana: enfrentamientos entre nativos peruanos y las fuerzas especiales del gobierno peruano rompe el dialogo con un saldo trágico de muertos y heridos

Servindi, 5 de junio, 2009.-
Alrededor de veinte nativos muertos y cientos de heridos es el trágico saldo del enfrentamiento desatado entre la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) y los indígenas de Bagua durante la operación de desalojo de la carretera Fernando Belaúnde Terry iniciada a las 5.30 de la mañana.

Las acciones fueron ejecutadas en el tramo de la carretera Fernando Belaunde Terry conocido como “Curva del Diablo” y en la estación 6 del oleoducto Norperuano.

El presidente del Comité de Lucha Provincial de Condorcanqui, Santiago Manuig Valera, falleció tras ser disparado con armas de guerra en la zona de Curva del Diablo, en donde se encuentran concentrados.

El líder indígena Mateo Impi anunció a SERVINDI que los policías no dejan que saquen los cadáveres. “Estamos pidiendo la intervención de la Defensoría (del Pueblo)”, invocó.
Según informó el director de la Policía Nacional del Perú (PNP), José Sánchez, siete policías perdieron la vida en la zona.

“Hemos sido atacados por elementos delincuentes con armas de fuego, que han provocado el fallecimiento de policías”, anunció el general de la zona Luis Murusa.

“Basta de terrorismo, basta de atacar a las fuerzas del orden”, sentenció.
El general Murusa agregó que se ha restablecido el tránsito en circunstancias difíciles, pero que la carretera ya se encuentra despejada.

Previamente, el presidente Alan García responsabilizó a los “pseudo dirigentes de las comunidades nativas que impulsan medidas de fuerza y violencia”. “Pretenden jugar a la revolución”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Alberto Pizango, denunció en el marco de una conferencia de prensa, con varios medios de prensa del extranjero como testigos, que se ha desatado un despliegue de unidades del orden rondando el hotel donde ofrece sus declaraciones.

División
Una ciudadana denunció que la policía estaba disparando a mansalva y que “todo está descontrolado se escucha balas, hay gases lacrimógenos en el ambiente”.

Por otro lado, algunos vecinos de Bagua solicitaron a las autoridades que impongan más orden.
“Una turba de indígenas han atacado a dos policías y lo han arrojado al barranco y les han quitado su fusil en Bagua Grande”, denunció Alejandro Murgueytio.

El ciudadano Remigio Cabrejos hizo un llamado al general Raúl Silva a través de Radio Programas del Perú “para que ponga orden en el centro de la ciudad de Bagua”.

“Estamos muy indignados con el gobierno que no da tregua para poder decir lo que sentimos. Es genocidio del gobierno”, manifestó una testigo.

Hechos
Uno de los cuatro policías fallecidos, José Antonio Vilela Morales, falleció a 7 km de la carretera. Vivía en Collique, Comas y deja 3 huérfanos.

Vecinos denunciaron que los indígenas han prendido fuego al local del Partido Aprista Peruano, el local de COFOPRI, la gobernación de Bagua y al local del PRONAA.

El hospital de Bagua cerró sus puertas porque no puede recibir más heridos.
El personal de Salud de la zona está realizando la gestión para atender a pacientes no asegurados en los locales de ESSALUD.

Fuentes locales indicaron que los pacientes de casos moderados a severos sean dirigidos directamente al Hospital de Salud Héroes del Cenepa.

05 de junio de 2009
APRODEH exige cese a la violencia en Bagua

La Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH exige una salida pacífica a la tensa situación que se vive en las inmediaciones de Bagua, entre miles de indígenas y más de 600 efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad se encuentran en la zona arrojando bombas lacrimógenas desde helicópteros y cerros aledaños a los indígenas y se han efectuado disparos de bala contra el cuerpo de los manifestantes. Se informa que existen varios indígenas muertos y que un número indeterminado de policías habrían fallecido por el ataque de los nativos a uno de los helicópteros. Además, existen decenas de heridos de bala y por las bombas lacrimógenas.

APRODEH exige al gobierno a respetar el protocolo de actuación policial frente manifestaciones, lo que impide arrojar bombas lacrimógenas desde helicópteros y disparar contra el cuerpo de las personas. Exige también que se brinde atención médica a todos los heridos.

APRODEH exige a todos los actores el cese de la violencia, el respeto a los derechos humanos, a la vida, la integridad física y a la libertad de expresión. La responsabilidad por los heridos y las muertes de los efectivos policiales e indígenas, se produce por no haber resuelto hasta el momento las demandas de los pueblos indígenas a través del diálogo.